La gobernadora respondió un día después de que se difundiera el recuento de sus traslados. Reconoció que utilizó servicios privados, sostuvo que los pagó con dinero propio y afirmó que la cantidad atribuida no corresponde con la realidad.
No informó cuántos vuelos realizó, cuánto desembolsó ni mostró facturas o contratos que permitan seguir el dinero. Su posicionamiento tampoco identifica a las empresas o propietarios de las aeronaves.
La explicación de la gobernadora
Lezama dijo que recurrió a estos traslados para conciliar sus responsabilidades públicas con su papel de madre. También negó haber viajado con un senador con licencia y aseguró que los recorridos relacionados con sus funciones se apegaron a las normas del servicio público.
Sobre los 97 vuelos que le atribuye la investigación, respondió que la cifra implicaría pasar un año completo de vacaciones y que eso sería imposible. No ofreció un número alternativo.
De dónde salió la cifra
La controversia comenzó con una investigación de Agencia Reforma que reconstruye los viajes de Mara Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Cancún y contabiliza 97 vuelos privados a partir del inicio de su administración estatal. El recuento se apoya en registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El reporte identifica a Orlando, Florida, y Vail, Colorado, entre los destinos recurrentes. También señala 31 traslados en aeronaves privadas cuando Lezama encabezaba el Ayuntamiento de Benito Juárez y 119 movimientos internacionales de entrada y salida desde que asumió la gubernatura, 97 de ellos privados.
Entre las aeronaves mencionadas aparecen modelos Learjet, Gulfstream y Hawker operados por distintas empresas mexicanas. La estimación periodística coloca el costo promedio de operación en seis mil dólares por hora, pero esa cifra no equivale por sí sola a una factura pagada por el gobierno.
La respuesta aún no trae documentos
La declaración fija la versión de la gobernadora: el presupuesto estatal no pagó sus viajes privados. Sin comprobantes públicos, sin embargo, esa afirmación todavía no puede contrastarse con facturas, transferencias o contratos.
El diputado federal Ernesto Sánchez y la senadora Mayuli Martínez, ambos del PAN, solicitaron la intervención de la Secretaría Anticorrupción y de la Auditoría Superior de la Federación. Pidieron revisar las cuentas públicas y la contratación de las empresas vinculadas con las aeronaves.
La investigación estima que un vuelo a Orlando costaría alrededor de 406 mil pesos y uno a Vail, 812 mil. Son cálculos de mercado, no montos confirmados por comprobantes de los viajes de Lezama.